Fighting for Dignity in Tough Times


Read this article in Spanish. Lee este artículo en español.

 

Editor’s note: This blog post has been adapted from remarks by Boston Regional Solicitor of Labor Michael Felsen upon receiving the Father Edward F. Boyle, S.J. Award from the Labor Guild in Massachusetts.

 

 

Let me tell you one of many stories. 

Our Wage and Hour Division office became aware workers at an animal hides processing plant might not have been paid properly.

An investigator went to the plant, interviewed workers there, looked at the time and payroll records, and everything checked out.

But that’s only because thirteen Spanish-speaking workers, not on the company’s records, had been whisked away to a remote location so they couldn’t speak with the investigator.

Fortunately, the Wage and Hour Division returned unannounced. Investigators found the off-the-books workers there and they interviewed them.  And what they heard was a harrowing tale of gross underpayment and abuse. 

A few days later, those workers were fired.

We sued the company, and resolved the case with the company paying these vulnerable workers the minimum wage and overtime they were entitled to and an equal amount in liquidated damages, plus $10,000 each in additional damages on account of their having been fired for cooperating with the Labor Department’s investigation.

The result: The company was ordered to pay $925,000 to the workers, plus $50,000 in penalties.

These workers got the wage justice and the dignity they were entitled to. And competitor businesses that play by the rules, and respect the law, and pay their workers properly − they got justice, too.  Because a business that undercut them by cheating its workers was required to pay up, under the harsh gaze of public scrutiny.

Playing a part in advancing workers’ rights is why I began my career with the Labor Department almost four decades ago, and it’s why I’m still here today.

At the Office of the Solicitor, it’s our job to ensure workers are treated as the law requires.   Here in Boston and around the country, I’m proud of the collaborative work we’ve done with our partners in both the private and public sectors on behalf of workers, especially the most vulnerable.

In some ways, our work is more vital than ever before. The traditional employee-employer relationship is fracturing, as more businesses use temporary workers and subcontractors to staff their production operations, driving down pay and benefits. The growing “gig economy”   has eroded traditional worker protections and benefits.

We find instances of employees misclassified as independent contractors; we see low-wage workers who are denied basic workplace protections, and, increasingly, too few workers – both collectively through unions, or individually − have a voice on the job when it comes to working conditions and wages.

My colleagues and I at the Labor Department come to work each day committed to a deeply held principle:  That every worker – skilled or unskilled, English-speaking or not, immigrant or nonimmigrant, documented or undocumented, regardless of race or religion – deserves to be treated fairly, and with dignity and respect.

That mission must prevail – from one day to the next, from one year to the next, and from one administration to the next.

Michael Felsen is the department’s regional solicitor of labor in Boston.

 

Luchando por la Dignidad en Tiempos Duros

Nota de los editores: Este blog ha sido adaptado de discurso dado por el procurador regional del departamento en Boston, Michael Felsen, al recibir el Father Edward F. Boyle Award de parte del Gremio Laboral en Massachusetts.

Permítanme contarles una de tantas historias.

Nuestra oficina de la División de Horas y Salarios supo que los trabajadores de una planta de procesamiento de pieles de animales podrían no haber sido pagados adecuadamente.

Un investigador fue a la planta, entrevistó a los trabajadores allí, miró los registros de horas trabajadas y nóminas, y todo estaba en orden.

Pero eso es sólo porque a 13 trabajadores de habla hispana, que no estaban en los registros de la empresa, los habían llevado a otro sitio, a un lugar remoto, para que no pudieran hablar con el investigador.

Afortunadamente, la División de Horas y Salarios regresó sin previo aviso. Los investigadores encontraron allí a los trabajadores que no estaban en los registros, y los entrevistaron. Y lo que escucharon fue una aterradora historia de salarios incompletos y abuso. 

Pocos días después, esos trabajadores fueron despedidos.

Demandamos a la compañía y resolvimos el caso, con la empresa debiendo pagar a estos trabajadores vulnerables los salarios mínimos y horas extra a los que tenían derecho, más una cantidad semejante en compensación por daños, así como $10.000 por daños adicionales para cada uno por haber sido despedidos por haber cooperado con la investigación del Departamento del Trabajo.

En suma: la empresa fue ordenada al pago de $925.000 a los trabajadores, y $50.000 en multas.

Estos trabajadores recibieron la justicia salarial y la dignidad a la que tenían derecho. Y las empresas competidoras que cumplen con las reglas, respetan la ley y pagan a sus trabajadores apropiadamente, también obtuvieron justicia: un negocio que les hizo competencia desleal engañando a sus trabajadores fue obligado a pagar, y bajo la dura mirada de escrutinio público.

Ser partícipe del avance de los derechos de los trabajadores es la razón por la que comencé mi carrera en el Departamento de Trabajo hace casi cuatro décadas, y por eso es que todavía hoy estoy aquí.

En la Oficina del Procurador nuestro trabajo es asegurarnos que a los trabajadores se les trate como requiere la ley. Aquí en Boston y en todo el país, estoy orgulloso del trabajo que hemos realizado en colaboración con nuestros socios tanto en el sector privado como público en nombre de los trabajadores, especialmente de los más vulnerables.

De alguna manera, nuestro trabajo es más vital que nunca. La tradicional relación empleado-empleador se está fracturando; más empresas usan trabajadores temporales y subcontratistas para cubrir sus operaciones de producción, llevando a una reducción de salarios y beneficios. La creciente gig economy ha erosionado protecciones y beneficios tradicionales de trabajadores.

Encontramos ejemplos de empleados mis-clasificados como contratistas independientes; vemos trabajadores de bajos ingresos a los que se les niegan protecciones laborales básicas; y crecientemente, demasiados pocos trabajadores -tanto colectivamente a través de sindicatos como individualmente, tienen voz en el trabajo cuando se trata de condiciones laborales y salarios.

Mis colegas y yo en el Departamento de Trabajo venimos a trabajar todos los días comprometidos con un principio profundamente arraigado: que todo trabajador, calificado o no, de habla inglesa o no, inmigrante o no inmigrante, documentado o indocumentado, e independientemente de raza o religión, merece ser tratado justamente, y con dignidad y respeto.

Esa misión debe prevalecer, día tras día, año tras año, y de una administración a la siguiente.

Michael Felsen es el procurador regional del departamento en Boston.

 

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