U.S. Department of Labor Blog
Todos los trabajadores merecen buenos empleos y leyes que los protejan mientras están en el trabajo. Sin embargo, muchos empleadores exigen a los empleados que firmen contratos que limitan su capacidad de hacer valer sus derechos laborales. Estos contratos coercitivos pueden violar las leyes que aplica el Departamento de Trabajo.
Aquí en la Oficina del Procurador, con demasiada frecuencia vemos contratos de empleo que contienen disposiciones que implican la renuncia a los derechos de los trabajadores o que los desaniman a ejercerlos. A menudo, logran asustar a los trabajadores para que no intenten hacer valer sus derechos, en especial cuando los hacen responsables de pagar sumas exponencialmente mayores de lo que alguna vez ganaron con su empleador. Como se describe en nuestro nuevo Informe especial de cumplimiento, la Oficina del Procurador está comprometida a combatir las cláusulas coercitivas e ilegales que figuran en la “letra chica” para asegurar que cada trabajador reciba las protecciones que la ley federal garantiza.
Por eso, el 20 de septiembre presentamos una demanda contra una empresa de logística de transporte llamada Cargomatic Inc., relacionada con sus cláusulas coercitivas expuestas en la “letra chica”. La demanda alega que, después de que conductores actuales y anteriores demandaron a la empresa por violaciones de pago en virtud de la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés), la empresa envió cartas a ciertos conductores involucrados en la demanda, en las que se expone que habían firmado contratos que les obligaban a pagar los costos de defensa de la empresa. Este intento de trasladar los costos a los trabajadores por la conducta ilegal del empleador constituye una violación de la ley. El 25 de septiembre, el tribunal concedió nuestra solicitud de una orden judicial permanente contra Cargomatic Inc. para que la empresa deje de intimidar y amenazar a los conductores que ejercen sus derechos en virtud de la FLSA y para evitar que apliquen o intenten aplicar cualquier disposición de indemnización que requiera que los conductores paguen los costos legales de la empresa.
También estamos tomando medidas con respecto a otras preocupantes disposiciones que se exponen en la “letra chica”, que podrían intimidar a los trabajadores para que no ejerzan sus derechos y que podrían violar la ley, a saber:
Disposiciones contractuales que intentan obligar a los empleados a aceptar que son contratistas independientes.
Disposiciones que intentan transferir la responsabilidad legal del empleador por violaciones legales a los trabajadores u otras entidades (por ejemplo, exigiendo que los empleados paguen al empleador por los daños que este debe pagar debido a la clasificación incorrecta de los empleados).
Disposiciones de “el que pierde paga” que intentan exigir a los empleados pagar los honorarios y costos legales del empleador si los empleados no ganan en el litigio o el arbitraje.
Disposiciones de “quedarse o pagar”, incluidas algunas disposiciones de asistencia para el reembolso de capacitación, que intentan obligar a los trabajadores a pagar daños a su empleador por rescindir un contrato antes de tiempo.
Políticas de la empresa que exigen a los trabajadores denunciar preocupaciones sobre seguridad a su empleador antes de comunicarse con cualquier agencia gubernamental.
Disposiciones de confidencialidad, no divulgación y no desacreditación.
Otras disposiciones contractuales que obligan a los empleados a renunciar a sus derechos legales.
En última instancia, los trabajadores no deberían verse obligados a pagar sumas enormes a sus empleadores simplemente por dejar sus trabajos en busca de otros más seguros, por intentar denunciar violaciones al gobierno o por buscar ejercer sus derechos de alguna otra manera en virtud de la ley.
Los trabajadores siempre tienen el derecho de denunciar conductas ilegales al Departamento y de cooperar en nuestras investigaciones y litigios, independientemente de si han firmado contratos privados o acuerdos de arbitraje obligatorio. Como deja claro el Informe especial de cumplimiento, el Departamento y mi oficina seguirán abogando enérgicamente en nombre de los trabajadores para combatir las disposiciones coercitivas expuestas en la “letra chica”.
Seema Nanda es la procuradora laboral.